domingo, 29 de abril de 2012

Se inició el debate por una nueva Constitución Nacional

Ante una concurrencia masiva y heterogénea que colmó el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, el miércoles 25 de abril se sentaron las bases para la conformación de una corriente de opinión que promueva una nueva Constitución Nacional que contemple el proceso de transformaciones de la última década y los desafíos que plantea el siglo XXI. Los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Raúl Gustavo Ferreyra y el Ricardo Forster coincidieron en la necesidad de promover una modificación de la Carta Magna que vaya en ese sentido, tal como lo viene sosteniendo los organizadores, un grupo de políticos, sociales y sindicales entre los que se cuentan Pedro Wasiejko, de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (Fetia); Luis D΄Elía, del Partido Miles; y Eduardo Sigal, referente del Frente Grande y Presidente de la Fundación Acción para la Comunidad. Sigal actuó como moderador del debate, al que el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni no pudo hacerse presentes por motivos de de salud. Barcesat propuso que, de votarse la necesidad de la reforma en el Congreso de la Nación, se abra un espacio de debate para que la sociedad se expida antes a la Asamblea Constituyente. Asimismo, juzgó necesario introducir diversos cambios en el texto legal, entre ellos que se recupere soberanía cedida al Ciadi (dependiente del banco Mundial) en materia de resolución de conflictos con empresas extranjeras. Ferreyra, advirtió que es “imposible reformar la Constitución Nacional sin una gran movilización popular” y dijo: “No hay ningún poder constituyente en un poder constituido”, en referencia al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien horas antes había adelantado su disidencia con la propuesta. Forster, finalmente, sostuvo la necesidad de dejar atrás la Constitución “neoliberal” de 1994 e introducir cambios que tengan que permitan conciliar conceptos como “libertad e igualdad”. Los organizadores, en tanto destacaron que impulsan la modificación de la Carta Magna “en el entendimiento de que no se trata de seguir haciéndole parches a una Constitución cuya matriz viene de 1853”, ya que “las transformaciones de nuestro país y el mundo nos desafían a pensar en un nuevo orden jurídico e institucional para que la Argentina esté a tono con los desafíos del siglo XXI”.

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